El derecho colaborativo como ADR y como herramienta de la abogacía del futuro

Abstract

Todos somos conscientes de la necesidad de arbitrar medidas que impidan el colapso de los tribunales tras el covid-19. Se juntarán –se están juntando ya- 1. los expedientes en curso, dejados en stand-by durante el estado de alarma, 2. los casos pendientes que estaban en la cola, admitidos, pero apenas ojeados y 3. el alud de litigios vinculados al período de pandemia, con una taxonomía que supera nuestra imaginación. Por ello ha habido una avalancha de opiniones e informes –con diversos índices de premura, por lo general bienintencionados, a veces ingenuamente falaces (ergo peligrosos)- procedentes de las más variopintas instancias jurídicas –e incluso no jurídicas-. Aquí nos interesa una iniciativa con consecuencias efectivas previsibles: la Consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas procesales, tecnológicas y de implantación de medios de solución de diferencias, de 8 de junio del 2021, que busca recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones potencialmente afectados, «con carácter previo a la elaboración del AP», esto es, sin texto articulado todavía.