El objetivo del artículo es describir las tareas actuales del quehacer lingüístico vinculado con la transferencia de conocimiento experto a la sociedad. Para hacerlo, se exponen experiencias relacionadas con el movimiento quepromueve el derecho de los ciudadanos a comprender el lenguaje de la administración pública. Dichas experiencias apuntan a problematizar el significado de escribir en el siglo XXI, especialmente en lo relativo a la formación profesional en los campos jurídico y tecnológico. Esta formación plantea el desafío de adquirir herramientas lingüísticas y comunicativas para la divulgación. Se concluye que la asesoría de transferencia plantea el reto de configurar propuestas vinculadas a la comprensión de los textosescritos y asumir responsabilidad frente a los eventuales resultados. Desde esta perspectiva, es posible plantear una lingüística de la optimización.