La actuación del sector público es objeto de controversia en todo el mundo. Nuestro país no es una excepción. Y es que cuando, como ocurre en España, el gasto no financiero de las Administraciones Públicas se aproxima al 50 % del Producto Interior Bruto (PIB) y la presión fiscal al 40 % su capacidad para influir en la situación económica de los ciudadanos es indiscutible.