Normas, recomendaciones, coronavirus, universidad y discapacidad en la Universidad de Barcelona

Abstract

La situación de excepcionalidad provocada por el COVID-19 ha generado una gran cantidad de disposiciones, regulaciones, recomendaciones y otros tantos documentos de carácter más o menos oficial que han impregnado toda la actividad universitaria y han provocado un sobreesfuerzo de todos sus miembros con la finalidad de poder cerrar de forma lo menos lesiva posible el curso 2019-2020 y llevar a buen puerto el curso 2020-2021. El objetivo de esta investigación se basa en analizar las diferentes disposiciones emitidas por las autoridades competentes para poder llegar a dilucidar hasta qué punto las necesidades de los alumnos NERE (con Necesidad Especial de Apoyo Educativo) se han contemplado en este nuevo paradigma educativo. El estudio se realiza desde una perspectiva top-down. Es decir, empezando por las instituciones gubernamentales españolas, siguiendo por las autonómicas y pasando por instituciones universitarias transversales, como la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), el proyecto Universitat i Discapacitat a Catalunya (UNIDISCAT), o el Consell Interuniversitari de Catalunya. Se finaliza analizando las disposiciones, resoluciones y recomendaciones emitidas por el Rectorado de la Universitat de Barcelona (UB) y por los decanatos de una selección de facultades, así como por los servicios centrales de integración de la universidad (SAE). Se ha seleccionado la UB por ser la mayor universidad presencial de Cataluña e incluir un número muy elevado de disciplinas. Se concluye que, en los niveles superiores, las referencias al alumnado NERE son mínimas e insuficientes (salvo UNIDISCAT), lo que deja en manos de las universidades decisiones importantes que afectarán al estudiantado con necesidades especiales. La falta de soluciones y directrices se debe suplir con una sobrecarga de los servicios de atención a los y las estudiantes, en general infradotados, que resuelven las incidencias con soluciones adhoc aplicando técnicas de remediación y no de prevención. Se deduce pues una falta de políticas explícitas de inclusión y de protocolos claramente definidos tanto a nivel nacional como autonómico.