dc.description.abstract
La dramática situación de los pueblos originarios de la Amazonía brasileña desgraciadamente no es algo nuevo. No obstante, el salto cualitativo y cuantitativo que supuso la política de expoliación del Amazonas del gobierno Bolsonaro entre los años 2019-2022, en connivencia con las grandes corporaciones beneficiarias de la misma, fue de tal envergadura que permite defender el estar en presencia no ya de violaciones masivas de derechos humanos sino ante la comisión de verdaderos crímenes internacionales, cuya persecución, sin embargo, resulta muy compleja. Ante esta realidad, el presente estudio se concentra en dos aspectos de dicha problemática. En primer lugar, se demuestra jurídicamente a partir de los tipos penales ya existentes que determinadas conductas de la administración Bolsonaro respecto a los pueblos indígenas del Amazonas son constitutivas de los crímenes de lesa humanidad de exterminio, desplazamiento forzoso y otros tratos inhumanos e incluso, en algún caso como el del pueblo Yanomamy, de autentico genocidio. En segundo lugar, efectuada dicha demostración, se intenta resolver la difícil cuestión de la exigencia de responsabilidad por tales conductas y ello tanto respecto a las personas físicas como a las jurídicas y al propio estado. Al respecto se constata que si bien la persecución de las personas físicas es posible con el actual marco jurídico existente (aportando sugerencias al respecto), en el caso de las personas jurídicas y el propio estado, éste resulta insuficiente razón por la cual se efectúan propuestas de reforma. En esta línea propositiva, por último, se exploran vías de prevención que en si mismas suponen una mejor protección a estas comunidades especialmente vulnerables. Con ello se hace referencia al análisis específico del non nato crimen de ecocidio y la responsabilidad empresarial (due diligence)
