La protección de los derechos políticos frente a las funciones disciplinarias de las autoridades administrativas: subsidiariedad y deferencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Abstract

Este artículo analiza una de las tensiones más importantes entre la protección de los derechos políticos -tanto de los funcionarios públicos elegidos popularmente como de sus electores- y las funciones disciplinarias de algunas autoridades administrativas. Esa tensión se profundiza en la medida en que las normas constitucionales nacionales y los tratados internacionales también protegen esas funciones de las autoridades disciplinarias con el fin de que estas persigan y sancionen la corrupción. El objetivo es preservar los recursos públicos que se destinan, entre otros fines, a la satisfacción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. La investigación propone que, en el ámbito del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, esa tensión se puede superar mediante una fórmula de mutua deferencia que puede ser aplicada en todos los Estados. La deferencia debe existir de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con los Estados y de parte de las autoridades disciplinarias internas con los estándares establecidos por el tribunal interamericano. El artículo también señala las condiciones necesarias para que ocurra la mutua deferencia y advierte sobre los peligros de que la Corte Interamericana mantenga una interpretación textualista y austera del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

This article analyzes one of the most important tensions between the protection of political rights – of both popularly elected officials and their constituents - and the disciplinary functions of some administrative authorities. This tension is deepened insofar as national constitutional norms and international treaties also protect the functions of disciplinary authorities with a view to enabling the prosecution and punishment of corruption. The objective is to preserve public resources which necessary, among other purposes, to the satisfaction of Economic, Social, Cultural and Environmental Rights. The research proposes that, within the framework of the Inter-American System for the Protection of Human Rights, this tension can be overcome through a formula of mutual deference that can be applied in all States. The deference must exist on behalf of the Inter-American Court of Human Rights in what concerns the States and on the part of the internal disciplinary authorities in what concerns the standards established by the Inter-American Court. The article also indicates the necessary conditions for mutual deference to occur and warns about the dangers of the Inter-American Court maintaining a textual and austere interpretation of Article 23 of the American Convention on Human Rights.