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El descontento desatado en la Crisis Social 1 de octubre de 2019 en Chile generó la mayor serie de manifestaciones públicas de la década y se extendieron casi diariamente a partir del 18 de octubre hasta mediados de diciembre. El espacio donde ocurrieron la mayor cantidad de manifestaciones en Santiago fue la Plaza Baquedano y sus alrededores, en el centro de la ciudad (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2024). Las manifestaciones contaban con diferentes tipos de expresión cultural, ideológicas, violentas y pacíficas. En los disturbios que ocurrían en los espacios de violencia, las fuerzas especiales de Carabineros (el cuerpo de policías de Chile) utilizaron como medios de control antidisturbios, bombas lacrimógenas y balines de plástico (Guzmán, 2024). Esto causó daños oculares a 460 personas acorde al Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH en adelante, incluyendo pérdida parcial o total de la visión, siendo uno de los mayores daños producidos a población civil desde la dictadura (2020). Además, hay dudas sobre la regularidad en los procesos de detención, así como sobre el trato a los detenidos durante la realización de este proceso (Morales, Figueroa, & Bustamante, 2022).
A partir de estos casos, se abrieron causas penales por violación a los derechos humanos de los cuales algunos se han resuelto y otros han sido archivados, donde los funcionarios de orden público han sido sancionados, tanto en suspensión de labores como en destituciones. Hasta octubre de 2023 existían 3216 querellas, de las cuales 33 tienen sentencias condenatorias (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2023). Estas acciones generaron un daño profundo en la evaluación pública de Carabineros, demostrado en las encuestas de opinión pública y confianza en las instituciones, no solo por las actuaciones relativas a los daños oculares, sino también en los métodos de disolución de manifestaciones (Gerber, Figueiredo, Sáez, & Orchard, 2023).
