El denominado estado del bienestar constituye sin duda el gran logro social del siglo XX en buena parte del mundo. Aunque con diferencias entre países, se asienta sobre cuatro pilares fundamentales: educación, salud, pensiones y otros servicios sociales (entre los que se incluye la atención a las personas en situación de dependencia). En la actualidad, se enfrenta a un gran reto que sin duda condicionarán su evolución futura: el envejecimiento de la población. Ello es debido, por una parte, a que el grueso de los programas de gasto social es muy dependiente de la estructura de edades de la población (pensiones, sanidad, atención a la dependencia). Por otra parte, el conjunto de programas de gasto público social se organizan implícitamente mediante un sistema de reparto (las prestaciones se financian con la recaudación del mismo momento temporal). De manera que, a lo largo del proceso de envejecimiento demográfico, una proporción decreciente de personas en edad activa se verá obligada a afrontar un creciente gasto social con el pago de impuestos. Sin embargo, muy a menudo se obvia que el envejecimiento no es un reto únicamente para los programas públicos: reducir las transferencias públicas no resuelve en absoluto el problema, sino que únicamente lo traslada al ámbito privado de los individuos y sus familias, como muestran los resultados de las cuentas de transferencias nacionales presentados en este trabajo. Así pues, las sociedades deben prepararse para repensar de manera integral la distribución de los recursos económicos a lo largo del ciclo vital de las personas.