La asignación de recursos, hasta la Guerra Civil, se realiza a través de un mercado presidido por monopolios locales escasamente regulados, que actúan como líderes en su zona. De acuerdo con la lógica del monopolista, los acuerdos de suministro discriminan entre usuarios según la disponibilidad a pagar de cada uno. La búsqueda de rentabilidad supedita la ejecución de nuevos proyectos a la garantía de su colocación en el mercado. La gestión resulta altamente eficiente en términos de asignación de recursos. La parte más beneficiada de la introducción de la nueva tecnología fueron las grandes empresas eléctricas. Después de la Guerra Civil, la regulación, en sentido estricto, se ve mediatizada por los objetivos de las políticas autárquica y desarrollista. Estas llevaron a adoptar mecanismos y a generar incentivos para la implementación de políticas energéticas que alteraron la lógica del mercado, afectando la expansión del sector, la elección de recursos productivos y la asignación de la electricidad en términos de cantidades y precios a pagar. Tras un periodo de restricciones en el suministro, el objetivo de disponer de una electricidad abundante y barata llevó al diseño de un sistema de precios y remuneraciones que no reflejaba los costes del suministro y condujo a situaciones de sobreproducción. La gestión de los recursos en este periodo fue altamente ineficiente. No obstante, las empresas eléctricas, que gestionaron el nuevo modelo regulador, no se vieron perjudicadas en términos de poder de mercado y beneficios.