Desde mediados de los años ochenta del siglo pasado los países del sur del Mediterráneo, como España, Italia, Grecia y Portugal, comenzaron a recibir importantes flujos migratorios procedentes del sur y este europeo. Ello determinó la necesidad de disponer de nuevas legislaciones para regular la entrada y la residencia en el territorio, el acceso al mercado de trabajo y la integración de miles de personas procedentes del resto del mundo.