Hasta bien entrado el siglo XX, la propiedad de la tierra ha sido considerada generalmente como la principal expresión de la desigualdad social en el interior de las comunidades rurales. Aunque la posición socioeconómica de algunos grupos no esté bien reflejada a través de la estructura de la propiedad -particularmente la de los grandes arrendatarios o, en el caso catalán, los masoveros-, el hecho de que la tierra constituyese el principal factor de producción en las agriculturas de base orgánica justifica que se haya utilizado como indicador primario para analizar tanto la estratificación social como la desigualdad. Por otra parte, la existencia de una vasta cantidad de documentación catastral y fiscal desde el siglo XVIII, a pesar de los problemas que lastran sus datos, ha facilitado la realización de numerosas investigaciones sobre la cuestión.