La privatización del patrimonio público rústico y la progresiva limitación de los aprovechamientos vecinales constituyeron una pieza fundamental de la reforma agraria liberal. Ambos procesos forzaron la mercantilización de los Frutos y de la propiedad de un patrimonio ingente, desposeyendo a sus ufructuarios tradicionales. Aunque las implicaciones de ello fueron múltiples, solo me propongo abordar en este escrito dos cuestiones, la extensión que ocupaban los montes públicos, y la importancia de procedimientos privatizadores distintos a las subastas de bienes nacionales, que fueron el método regular y mayoritario de tales enajenaciones