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Notes:
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Este artículo analiza para el contexto español las políticas
promovidas en los últimos años por el gobierno conservador del
partido popular y los cambios que conllevaron la entrada en vigor,
en el 2002, de la Ley de Calidad de la Enseñanza. Los mismos no parecen garantizar la igualdad de oportunidades para las
mujeres, pues nos encontramos ante una Ley cuya finalidad es
buscar respuestas a los cambios tecnológicos y los criterios de
mercado, llegando a afirmarse que las reformas educativas son
necesarias para la “revisión, ajuste y mejora”, siendo la “calidad”
el mecanismo para “el logro de cotas más elevadas de progreso
social y económico”. A pesar de que la exposición de motivos de
la Ley alude al bienestar individual y social –sin explicitar
abiertamente el significado que les otorga-, los planteamientos
neoliberales de las economías capitalistas se insertan en el
discurso y se habla, como se ha indicado, de la necesidad de
ajustes que en estas perspectivas no garantizan el avance en la
lucha contra la exclusión y la discriminación, dificultando el
encuentro de las diferencias, de lo femenino y de lo masculino. El
nuevo gobierno socialista, surgido de las elecciones celebradas
en el pasado mes de marzo de 2004, forzosamente debe
plantear una transición educativa que necesita de medidas
urgentes, atrevidas y transformadoras.
This article deals with the policies promoted during the conservati
Spanish government of the partido popular and the changes
implemented by the 2002 Act of Educational quality and their
impact on gender issues, in particular women’s human rights.
This article will contend that the Act did not guarantee equality of
opportunity for women. The 2000 Act’s objective was to search
for solutions to contemporary technological changes and market
criteria by implementing an educational reform oriented to
“review, adjust and improve the life of schools”. To do so, the
conservative government proposed that “quality” was the
mechanism to “reach bigger social and economical progress”.
This article concludes that the new socialist government, elected
in March of 2004, must introduce an alternative model for the
current transition, implementing both bold and transforming
measures. |
