Después de cuatro años de gobierno, el presidente Chávez no tiene resultados económicos tangibles, incluso para los estamentos sociales más pobres. Desde principios del año 2002, está siendo muy contestado por la clase media y los medios económicos, quienes le acusan de querer imponer un modelo autoritario. Después del intento de golpe de estado de abril del 2002, la oposición lanzó un movimiento de paro general el 2 de diciembre, con el objetivo de forzar la salida del presidente. Ese paro, en el cual el medio petrolero estaba muy implicado, declinó al principio de febrero sin resultado político para la oposición pero con graves consecuencias económicas. Afortunadamente, y al contrario de las previsiones de los economistas, la empresa nacional petrolera PDVSA recuperó rápidamente su capacidad y medios de producción (2,8 millones de barriles al día) y de este modo sus recursos financieros. Por primera vez, los Ministerios de finanzas y energía evocan la posibilidad de utilizar el recurso petrolero como garantía de pago, estando prevista una mayor apertura a las inversiones extranjeras. Finalmente, la empresa fue reestructurada y dividida en tres estructuras principales : un holding central en Caracas (para las decisiones estratégicas y financieras) y dos entidades operacionales distintas (PDVSA Oriente y Occidente). 16.000 personas, es decir el 30 % de los empleados y la mayoría de los cuadros, han sido despedidas. En el mes de febrero del 2003, las autoridades venezolanas establecieron un control de precios y un control de cambio justificado por la necesidad de limitar la fuga de capitales y la disminución de las reservas del Banco central. Pero esas dos medidas, de carácter muy político, produjeron efectos perversos tales como problemas de suministro y la expansión del mercado negro de divisas y de productos de primera necesidad. Esta situación condujo a una grave crisis social (casi 20 % de los activos están desempleados, y 70 % de la población vive por debajo de la renta límite de pobreza). Cualquiera que sea la salida política de la crisis, la cual no se vislumbra antes de finales del 2004, las autoridades deberán hacer frente a un difícil y costoso ordenamiento de los desequilibrios políticos, económicos y sociales derivados de la misma.