[spa] Para hacer frente a los riesgos relacionados con la contaminación atmosférica, es ampliamente aceptada la necesidad de instrumentos de política encaminados a reducir las emisiones. La intervención tiene por objeto reducir las conductas contaminantes y incentivar una conducta más respetuosa y el uso de tecnologías más eficientes. La Unión Europea cuenta con dos importantes mecanismos económicos para el control de emisiones a escala europea: la directiva sobre los impuestos energéticos, un instrumento de fiscalidad ambiental aprobado en 2003 que afecta el precio de los productos energéticos, y el sistema de comercio de los derechos de emisiones, introducido en 2005, que afecta directamente a la cantidad de emisiones de CO2. En 2011, la Comisión Europea propuso una nueva versión de la directiva sobre los impuestos energéticos. El objetivo principal de la propuesta es aumentar la eficacia del instrumento a través de una mayor presión fiscal sobre los productos energéticos y de coordinar este instrumento de fiscalidad medioambiental con el sistema de comercio de los derechos de emisiones, para establecer una señal de precio de CO2 coherente para todos los sectores. Sin embargo, en mayo de 2012 el Parlamento Europeo bloqueó la propuesta de la nueva versión del impuesto, y el proceso de actualización se detuvo. La preocupación principal parecía ser el efecto de dicha propuesta en la competitividad, en particular para los sectores que serían los más afectados dado el uso intensivo de los productos energéticos, como el sector del transporte. El objetivo de este estudio es analizar el efecto que la reforma de la directiva sobre los impuestos energéticos podría tener sobre el nivel de precios, en particular en los países de la Unión Europea donde esta reforma implicaría un aumento de los impuestos energéticos. Utilizando datos del proyecto “World Input-Output Database”, la principal conclusión es que el nuevo sistema de impuestos energéticos tendría un impacto muy bajo sobre los precios. Por lo tanto, dado que los precios no serían fuertemente afectados por la reforma, no habrá inconvenientes para la competitividad y implicaciones en términos de distribución, pero, por otro lado, este resultado también implica una baja capacidad de esta reforma para provocar cambios en el consumo y la producción hacia menos presiones ambientales.

[eng] To address risks related to atmospheric contamination, it is widely accepted the need for policy instruments aimed to reduce emissions. Policy intervention seeks to reduce polluting behaviours by encouraging a more respectful conduct and the use of more efficient technologies. The European Union (EU) counts with two important economic mechanisms for emission control at European level: the Energy Taxation Directive (ETD), an environmental taxation approved in 2003 that affects the price of energy products, and the Emissions Trade System (ETS), a cap and trade system introduced in 2005 that directly affects the CO2 emission quantity. In 2011, the European Commission (EC) proposed a new version of the ETD. The main aim of the proposal was to increase the effectiveness of the instrument through stronger fiscal pressure on energy products and to coordinate the environmental taxation with the ETS, establishing a comprehensive and consistent CO2 price signal for sectors not included in the EU-ETS. However, in May 2012 the European Parliament delivered a setback for the EC plans regarding the ETD and the process of updating stopped. The main worry seemed to be the effect of such proposal on competitiveness; in particular the concern regards sectors that would be mostly affected given the intensive use of energy products.The aim of this study is to analyse the effect that the 2011 ETD reform would have on the level of prices, if implemented, particularly in the EU countries where this reform would imply to increase energy taxes. Using data from the World Input Output Database (WIOD) project, the main finding is that the new energy tax regime would have a low impact on prices. Thus, since prices would not be strongly affected by the reform, there will be no drawbacks for competitiveness and distributional implication; but, on the other hand, this result will also imply a low capability of this reform to cause changes in consumption and production towards less environmental pressures.