La Ley de Costas de 1988 ha sido una herramienta que se ha revelado útil, pese a sus limitaciones, pues ha encarnado uno de los aciertos más que notables en la protección del litoral frenando así, en parte, la aniquilación de la costa española que venía produciéndose en las décadas que la preceden. El actual proyecto de ley que modifica esta norma de 1988 (recientemente ya aprobado por el Senado y pendiente de su inminente posterior aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados) causa una profunda decepción.