La promulgación de la Ley 30/94, de 24 de noviembre, de fundaciones e incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general ha constituido un intento de ofrecer a aquéllas un régimen jurídico con pretensiones de completud. Sin embargo, la ley no sólo plantea cuestiones novedosas desde el punto de vista de la delineación del derecho de fundación sino, además, desde otra perspectiva típicamente constitucional: la del sistema de distribución competencial