En su momento, la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, del año 1994, marcó un hito en la historia de la protección de los recursos naturales en Chile, al sistematizar las normas existentes y crear las pautas bajo las cuales se evaluaban proyectos y actividades susceptibles de generar impactos. Bajo estos criterios también eran sometidos a evaluación los instrumentos de planificación territorial, en todos sus niveles. La actualización de la institucionalidad y legislación medioambiental chilena (Ley Nº20.417 del 26 de enero de 2010), promovida principalmente por compromisos político-económicos, viene a establecer la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para políticas y planes, con obligatoriedad de sometimiento a los instrumentos de planificación territorial. Esta obligatoriedad resulta positiva, toda vez que elimina la discrecionalidad de evaluación que subyace en la legislación ambiental aún vigente (casi la totalidad de instrumentos actualmente presentan una Declaración de Impacto Ambiental, en desmedro de un Estudio de Impacto Ambiental, de mayor profundad de análisis). Sin embargo, a pesar de todos los aspectos positivos, al comparar con las experiencias internacionales en cuanto a objetivos y principios que busca la EAE (el desarrollo urbano sostenible) existen puntos débiles o no resueltos por esta actualización legislativa. La tesis identifica aquellos aspectos normativos necesarios a abordar en la legislación urbana, para un desarrollo urbano sostenible, y responden fundamentalmente al necesario encaje con la EAE, por un lado, como es el proceso de participación pública y la definición de alternativas de propuestas de plan, pero también responden a falta de atribuciones o herramientas de gestión que otorgan la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en ámbitos tales como la planificación integral del territorio comunal (urbano – rural), la protección del paisaje, las herramientas de protección territorial y la movilidad sostenible. Por otro lado, la evaluación de políticas, tal como establece la nueva ley, es fundamental para enfocar la evaluación sobre los procesos de toma de decisiones, más que en los efectos ambientales de dichas decisiones. La tesis se estructura sobre un análisis por razonamiento inductivo completo y desde una perspectiva crítica, no cuantitativa, de la normativa urbanística y medioambiental chilena y extranjera (principalmente la experiencia europea plasmada en la Directiva 2001/42/CE), estudiando fuentes de información primarias y secundarias. Finalmente, a modo de corolario, surgen desafíos a ser abordados por la legislación urbana, y los planificadores en general, sobre cómo evolucionar desde una mirada de determinación de zonas a una que responda a las dinámicas actuales de las urbes, es decir, de red. Superando estos desafíos se tiene un gran avance en la evaluación de los procesos de tomas de decisiones, pues la evaluación consideraría el proceso urbano como un elemento dinámico, identificando de mejor forma los criterios e indicadores de seguimiento que señalen el grado de efectividad del plan en el ámbito de la sostenibilidad.