Este artículo pone de relieve el nuevo marco normativo del que se ha dotado Cataluña como primera legislación europea específica de la movilidad y su articulación con el urbanismo. La legislación urbanística exige realizar, en todas las figuras del planeamiento municipal, estudios de movilidad cuyo contenido establece la nueva legislación en la materia. Los planes de movilidad urbana actúan como marco de ordenación funcional de esos estudios y el planeamiento urbanístico derivado deviene el instrumento que vehicula e incluso financia las actuaciones propuestas por ellos. Se logra así una integración inédita de los ámbitos del urbanismo y del transporte que permite incidir con criterios de movilidad sostenible desde las fases iniciales de los nuevos desarrollos, así como imputarles la realización de determinada infraestructura de movilidad o el sobrecoste de su servicio en transporte público. En segundo lugar, se analiza la respuesta de los agentes de la movilidad frente a ese nuevo marco. Por un lado, se destaca la cultura de apoyo del gobierno catalán y la diputación provincial de Barcelona en la asesoría técnica y la ayuda financiera a los municipios. Por otro lado, se presentan los primeros resultados, someros aunque sugerentes, de un análisis del sector profesional de estudios de movilidad que apunta hacia la diversificación del perfil de los redactores por exigencias de transversalidad del enfoque y de integración urbana de las actuaciones.