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Notas:
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La aprobación en junio de 2008 por el Parlamento Europeo de la Directiva de retorno
—denominada también Directiva de la infamia o Directiva de expulsión— consolida el
proceso de involución que sobre los derechos humanos se viene produciendo en la
Unión Europea desde que el miedo a la inmigración irregular se incardinó en sus
instituciones. Si bien las legislaciones de extranjería de los años ochenta contenían
normas que regulaban el internamiento y la expulsión no es hasta la Directiva
2001/40/CE que comienza a tomar forma una política comunitaria centrada en la
inmigración irregular y las expulsiones de migrantes. Las medidas de retorno son, dice
la Comisión europea, “una piedra angular de la política de migración de la UE”.
Desde entonces, la barbarie de los centros de retención e internamiento, el
socavamiento de los derechos y la exclusión y criminalización de los migrantes
extranjeros se han convertido en el caballo de batalla de las asociaciones defensoras de
los derechos humanos. La erosión que las legislaciones y medidas de expulsión están
provocado en los derechos y libertades y en las instituciones del Estado de derecho es
inmensa. El retroceso y la erosión en los derechos y libertades es tan grande que ya no
es posible continuar hablando sin más de Estados de derecho en la UE, sino más bien
de máquinas administrativas para el internamiento y la expulsión, de “Estados
expulsores”(1), donde las personas extranjeras son tratadas como semipersonas (2) e
incluso como“no-personas” (3).
The adoption in June 2008 by the European Parliament of the Directive on Return consolidates the process of involution that human rights have been suffering in the EU since the fear of illegal immigration has developed deep roots in its institutions. While the laws of the eighties regarding foreigners already contained rules governing detention and expulsion, it is not until Directive 2001/40/EC that the communitarian policy focused on illegal immigration and the expulsion of migrants begins to take shape. The return measures are, as the European Commission said, “a cornerstone of immigration policy in the EU”. Since then, the barbarism of the internment and detention centres, the erosion of rights, the exclusion and criminalization of foreign migrants, have become the battle flag of the associations defending human rights. The erosion that these laws and expulsion measures are causing to the rights and freedoms and to the Constitutional State and its institutions is immense. The decline and erosion in the rights and freedoms is so great that one can no longer talk about Constitutional States in the EU, but rather about administrative machineries for the internment and deportation, and in this way, about “expelling States”(1), where foreign people are treated as “semi-persons” (2) and even as “non-persons”(3). |
