El artículo analiza el proceso de establecimiento e imposición del catastro de Cataluña, tras la victoria borbónica en la guerra de Sucesión (1702-1715), y su evolución hasta 1845. El nuevo impuesto se formuló sobre unas bases teóricas precisas: la soberanía absoluta del monarca, también en el ámbito fiscal, y la consideración de Cataluña como territorio vencido. Paradójicamente, una de sus referencias internacionales más próximas es el catastro de Milán, ejecutado bajo la dirección de exiliados austracistas, y su precedente histórico inmediato son los servicios aprobados en las cortes de Cataluña de 1653, 1701- 1702 y 1705-1706, que gravaron a la nobleza por algunos conceptos, y en cuyo reparto se establecieron criterios de riqueza. El catastro, desde sus mismos orígenes, planteó una evidente contradicción entre su carácter de cupo (supuestamente equivalente a las imposiciones castellanas) y su voluntad de proporción y equidad; por otra parte, el nuevo impuesto no derogó las contribuciones anteriores, secuestradas por la monarquía, y vino a sumarse a los nuevos impuestos indirectos. Aunque algunas confusiones en la traslación monetaria entre Cataluña y la Corona de Castilla han planteado dudas al respecto, el estudio precisa que el nuevo impuesto se situó desde sus orígenes alrededor del millón de pesos anuales, lo que supuso multiplicar por 7,3 el valor de los servicios votados por las últimas cortes catalanas. El artículo describe las graves dificultades con que topó la instauración del catastro, en especial en el período 1718-1725; su consolidación, a partir de 1726; y su proceso de fosilización, bien patente ya durante la segunda mitad del siglo XVIII a causa de su misma condición de cupo