En un Estado compuesto, las relaciones de colaboración constituyen uno de los genes principales que integra su ADN, dotándolo de la consistencia necesaria para su funcionamiento, en términos cualitativos. La ausencia de un marco claro en la Constitución, que diseñara el sistema de relaciones entre las diversas instancias territoriales a las que se dotaba de autonomía, propició que éste fuera construyéndose, de forma muy heterogénea a través de distintas técnicas y lógicas, al margen de estas puntuales e insuficientes previsiones constitucionales. Este diseño legal contempló la existencia de instrumentos de colaboración centrados en el ámbito de las competencias con la pretensión de mejorar su ejercicio. Pero también dispuso de todo un conjunto de órganos de estricta naturaleza vertical. No existían foros de relación al máximo nivel político que abordaran cuestiones de interés común, al margen de las competencias. Y sobre todo no existían órganos que posibilitaran las relaciones horizontales de carácter multilateral. Este déficit queda paliado en la primera década de los dos mil con las Conferencias de Presidentes, por un lado, y de Gobiernos de las Comunidades Autónomas, por el otro. Su funcionamiento ha sido muy desigual y solo la Conferencia de Presidentes ha sido reactivada y ha recibido previsión legal recientemente. Se echa en falta una ley reguladora que, además, pueda ordenar el sistema de relaciones que deben entablarse con otros órganos multisectoriales de cooperación y, sobre todo, con el Senado. La asignatura pendiente sigue siendo, no obstante, cómo integrar en estos órganos de relación al más alto nivel política a los entes locales.