La creación del departamento amazónico del Beni (Bolivia), a mediados del siglo XIX, propició la participación de la población indígena que lo ocupaba en la construcción del estado-nación. El Estado boliviano promulgó una legislación destinada a la colonización de las denominadas "tierras baldías" y la expansión, por ende, de la frontera interna aunque, al mismo tiempo, permitió que las poblaciones indígenas radicadas en los núcleos urbanos benianos ejercieran sus derechos civiles. Amparándose en las políticas colonizadoras impulsadas por el gobierno boliviano, los indígenas intentaron frenar la presión de la población blanco-mestiza e incorporarse a la "nueva" sociedad beniana a través del ejercicio de la propiedad de la tierra.