20 años han pasado desde la cumbre de la Tierra en 1992: 20 años de esfuerzos para entender, informar y mejorar las relaciones entre nuestras sociedades y las zonas costeras. Estos esfuerzos han cristalizado en un aumento de la concienciación medioambiental y en una serie de acuerdos como, por ejemplo, los capítulos 17 y 31 de la Agenda 21, “Jakarta Mandate on the Conservation and Sustainable Use of Marine and Coast Biological Diversity” o “UN Regional Seas and Action Plans”. Acuerdos internacionales que son implementados mediante cientos de leyes, planes, protocolos y convenciones nacionales y transnacionales. Por ejemplo, en el último Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre GIZC (14/12/2010) leemos: “La presión demográfica, inmobiliaria, agrícola, económica y turística en estas zonas puede constituir un peligro para su propio poder de atracción y su futuro. Únicamente la adopción de políticas basadas en la noción de desarrollo sostenible, tanto desde el punto de vista económico como social y medioambiental, puede garantizar un futuro apacible a las regiones costeras”, texto que ilustra los esfuerzos nacionales e internacionales para regular y mejorar la GIZC. A pesar del esfuerzo, la mayoría de indicadores nos muestran que la balanza democrática del desarrollo sigue degradándose y que el equilibrio de las comunidades se supedita, con demasiada frecuencia, a una rentabilidad a corto plazo independientemente de las consecuencias sociales, ecológicas y económicas a medio y largo plazo.