Según el IDH2, Nicaragua sigue encallada en la parte baja de la lista de los países de desarrollo medio. La situación con respecto al acceso al agua potable guarda muchos aspectos en común con el resto de los “países vecinos” según esta controvertida clasificación. El resultado global se traduce en unos bajos niveles de cobertura, especialmente en el contexto rural, según el último informe del JMP3. A pesar de las limitaciones que presenta la metodología, estos números sirven para obtener grosso modo una idea de la situación general. Además de las intolerables bajas cifras, estos países comparten procesos comunes donde merece la pena destacar las reformas legales e institucionales y la descentralización de las responsabilidades en torno a la provisión del servicio, desembocando en la formalización de la acción colectiva como mecanismo de gestión del mismo. A pesar de las obligaciones impuestas a los Estados por los compromisos internacionales y conceptos como la ciudadanía y los servicios básicos o la consideración del agua como un bien común, parece ser que aquellos siguen sin asumir sus responsabilidades. La declaración del derecho humano al agua (DHA) debería ayudar a clarificar las obligaciones, además de servir como modelo conceptual. El objetivo principal de la investigación es analizar y proponer una metodología para medir el DHA, centrando la atención en los titulares derechos. Para ello, la propuesta se basa en datos recogidos por un estudio en Nicaragua, utiliza el marco del derecho, estándares internacionales y el conocimiento acerca del diseño y construcción de indicadores e índices. Los resultados muestran el potencial de la inclusión de las dimensiones del DHA en el seguimiento del sector. De esta forma se ofrecen nuevos elementos para un conocimiento más profundo de la situación real de las comunidades y de gran utilidad para la mejora de la gobernanza del agua en el ámbito rural. Con respecto a lo último cabe destacar sus implicaciones a la hora de destinar recursos a los más necesitados, como herramienta para apoyar la sostenibilidad del acceso universal al servicio y por su potencial para medir los resultados de las acciones Estatales, aportando además evidencias para un seguimiento más amplio del derecho humano al agua. Esta investigación se enmarca en un proceso más amplio cuyo objetivo general es el estudio y la propuesta de herramientas y mecanismos para la implementación efectiva del derecho humano al agua.